Madrid, 11 de mayo de 2026
La Comisión Europea presentó el 20 de enero de 2026 la propuesta de revisión de la Ley de Ciberseguridad (Cyber Security Act, CSA2), que prevé ampliar significativamente su ámbito de aplicación y, bajo los argumentos de la ciberseguridad, la seguridad de la cadena de suministro y la reducción de riesgos, abandonar el principio de neutralidad tecnológica introduciendo factores subjetivos y arbitrarios de “riesgo no técnico”. En particular, se propone establecer listas de “países que suponen preocupación en materia de ciberseguridad” y de “proveedores de alto riesgo”, así como aplicar medidas obligatorias y con plazos determinados de exclusión de proveedores en múltiples sectores críticos. La Cámara de Comercio China en España (en adelante, “CCINCE”) expresa su profunda preocupación y se opone firmemente a dichas medidas injustificadas.
La ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas son cuestiones fundamentales en la era digital. CCINCE comprende y apoya a los objetivos políticos de la UE para fortalecer su capacidad de ciberseguridad, pero se opone firmemente a la implementación de restricciones sistemáticas contra determinados proveedores basadas en conceptos generalizados y ambiguos de “riesgo no técnico”. Este tipo de prácticas no solo viola los principios de no discriminación y los tratados bilaterales de comercio, sino que también tendrá un impacto negativo en la transformación digital y el desarrollo verde en Europa, así como sobre la cooperación económica y comercial a largo plazo entre China y la UE. En esencia, se trata de medidas de protección industrial disfrazadas bajo el pretexto de la seguridad.
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y las infraestructuras digitales son uno de los pilares fundamentales de la cooperación económica y comercial entre China y la UE. En los últimos años, ambas partes han desarrollado un modelo de cooperación industrial profundamente integrado y mutuamente beneficioso. Las empresas chinas no solo son participantes activos en los objetivos europeos de doble transición digital y verde, sino también socios fiables y de largo plazo en la construcción conjunta del ecosistema digital europeo. Sin embargo, con el avance de la propuesta CSA2, esta base de cooperación sustentada en la confianza mutua afronta serios desafíos.
La propuesta CSA2, al utilizar como fundamento político el altamente subjetivo concepto de “riesgo no técnico”, e imponer restricciones a proveedores consolidados, no solo tendrá costes económicos, sino que también acelerará la tendencia hacia cadenas de suministro localizadas y cerradas, ralentizará el despliegue de redes y la modernización tecnológica, y acabará perjudicando la competitividad global de la UE, su proceso de digitalización y sus objetivos de transición verde. Según el “Informe de evaluación del impacto económico de la propuesta de revisión de la Ley de Ciberseguridad de la UE (CSA2) y análisis de posición de la Cámara de Comercio e Inversiones de China en UE”, publicado el 6 de mayo de 2026, las pérdidas económicas totales para España derivadas de la propuesta CSA2 ascenderían a 25.700 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 6,99% del total de pérdidas de la UE, situándose solo por detrás de Alemania, Francia e Italia. Las pérdidas pasarían de 2.800 millones de euros en 2026 a 6.200 millones en 2030, mostrando una tendencia general de crecimiento fluctuante. El sector energético sería el más afectado entre los Estados miembros, representando aproximadamente el 35% de las pérdidas totales, seguido por el sector de telecomunicaciones con un 25%, lo que está estrechamente relacionado con el liderazgo de España en capacidad instalada de energías verdes y el elevado desarrollo de su economía digital.
Un mercado abierto, justo y competitivo constituye la base de la competitividad industrial europea a largo plazo. La exclusión indiscriminada de determinados proveedores en nombre de la seguridad supone, en esencia, sacrificar la eficiencia del mercado y la diversidad tecnológica a cambio de una supuesta seguridad. Ello no solo dificulta la creación de un mecanismo sostenible de gestión de riesgos, sino que incluso puede generar nuevas vulnerabilidades.
CCINCE expresa su profunda preocupación por el posible impacto sistémico que estas medidas podrían tener sobre el comercio internacional. Los mecanismos obligatorios de exclusión aplicados de forma transversal a distintos sectores plantean serias dudas en relación con el principio de proporcionalidad, el principio de no discriminación y su compatibilidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las restricciones basadas en la nacionalidad u origen de los proveedores podrían debilitar el comercio multilateral, afectar a las cadenas globales de suministro y generar disputas comerciales.
Las empresas chinas establecidas y operando en España han mantenido siempre un firme compromiso con el cumplimiento normativo y la localización de sus operaciones, contribuyendo activamente al desarrollo económico y social de España, así como a la construcción de infraestructuras digitales y a la transición verde. CCINCE hace un llamamiento a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y a los gobiernos de los Estados miembros para que escuchen plenamente las opiniones del sector industrial y promuevan una comunicación y un diálogo abiertos, pragmáticos y constructivos; mantengan el principio de neutralidad tecnológica; formulen políticas de ciberseguridad basadas en pruebas objetivas y criterios verificables; y cesen la promoción de medidas generalizadas y obligatorias de exclusión de proveedores. CCINCE está dispuesta a seguir desempeñando su papel de puente y mantener una comunicación pragmática con las instituciones europeas y el Gobierno de España, con el objetivo de impulsar conjuntamente un marco sostenible de ciberseguridad que combine seguridad, eficiencia de mercado e innovación industrial.
Cámara de Comercio e Inversiones de China en España